Las acciones formativas de las empresas son las que las propias empresas planifican y gestionan para sus trabajadores; utilizan para su financiación la cuantía para formación que se asigna a cada empresa en función de su plantilla.

Esta iniciativa de formación comprende también los Permisos individuales de formación, que tienen por objeto el que los trabajadores puedan realizar acciones formativas reconocidas por una titulación oficial, sin coste para la empresa donde prestan sus servicios.

Las empresas disponen de un crédito para financiar la formación de sus trabajadores cuyo importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que anualmente se establece.

Según los últimos datos, en España el 82% de las instituciones no utiliza los Fondos de Formación Continua Bonificada que pone a su disposición el Estado, sobre todo por la falta de información respecto a las ayudas. Las empresas españolas tienen a su disposición diferentes cauces para poder subvencionar la formación de sus empleados, como los Fondos de Formación Continua Bonificada, que provienen de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y los empleados -la empresa da el 0,60% de la base de cotización y el empleado, el 0,10%- pero no los usan.

Los empresarios y los trabajadores españoles pagan actualmente al Estado más de 3.000 millones de euros al año para financiar los Fondos de Formación Continua Bonificada, pero apenas el 18% de las empresas recurre actualmente a ellos. Entre 2005 y 2009 las empresas han dejado de emplear 835 millones de euros disponibles para su formación. Estos fondos prescriben después de un año y revierten en las arcas del Estado si no se emplean.

Las empresas que concedan permisos individuales de formación dispondrán de un crédito adicional según lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 395/2007 y en el artículo 23 de la Orden reguladora de esta iniciativa.

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